Acuerdo sobre normas de la UE para proteger mejor a los compradores online y a los consumidores vulnerables
Según las normas acordadas, un producto solo puede venderse si hay un operador económico (como el fabricante, importador, distribuidor) establecido en la UE, que es responsable de su seguridad. Al evaluar la seguridad de los productos, el Parlamento ha incluido medidas para garantizar que se tengan en cuenta los riesgos para los consumidores más vulnerables (por ejemplo, los niños), los aspectos de género y los riesgos de ciberseguridad.
La GPSR introduce obligaciones para los mercados en línea, como las previstas en la Ley de Servicios Digitales, incluida la designación de un único punto de contacto para las autoridades nacionales de vigilancia y los consumidores. Las autoridades nacionales de vigilancia podrán ordenar a los mercados en línea que eliminen o inhabiliten el acceso a ofertas de productos peligrosos en el plazo de dos días hábiles.
Además, la legislación mejora el procedimiento de retirada de productos, ya que las tasas de devolución siguen siendo bajas, y se estima que un tercio de los consumidores de la UE siguen utilizando productos retirados.
En caso de un retiro o advertencia de seguridad, los operadores económicos y los mercados en línea deberán informar a todos los consumidores afectados. Los avisos de retirada deben evitar expresiones que puedan disminuir la percepción de riesgo de los consumidores (por ejemplo, «voluntario», «precautorio», «en situaciones raras/específicas»).
También se informará claramente a los consumidores de su derecho a la reparación, a la sustitución o al reembolso adecuado (al menos igual al precio inicial). También tendrán derecho a presentar denuncias o iniciar acciones colectivas. El sistema de alerta rápida de productos peligrosos (portal “Safety Gate”) se modernizará para permitir una detección más eficaz de los productos no seguros y será más accesible para las personas con discapacidad.
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