El Consejo de la UE adoptó el pasado 7 de junio un Reglamento por el que se establece un fondo de 17 500 millones de euros que contribuirá a que la transición ecológica sea justa e inclusiva; dicho fondo(FTJ) financiará proyectos que alivien los costes socioeconómicos para las comunidades de toda la UE que dependen en gran medida de los combustibles fósiles o de industrias que generan gran cantidad de gases de efecto invernadero y que necesitan diversificar la economía local.
Esta es una de las medidas que la UE está adoptando para alcanzar su objetivo de reducir en un 55 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 y lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. El éxito del Pacto Verde Europeo depende de que mitiguemos las consecuencias para los más afectados por la descarbonización de la economía a nivel regional, por tanto, la financiación solo se concederá sobre la base de los planes territoriales de transición justa que elaboren los Estados miembros junto con las autoridades locales y regionales pertinentes.
El importe total de 17 500 millones de euros para el periodo 2021-2027, se complementan con 10 000 millones de euros procedentes del instrumento de recuperación (Next Generation EU) disponibles durante los años 2021, 2022 y 2023. Los Estados miembros que también contribuirán a los programas del FTJ, pueden transferir recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo Plus.
El FTJ apoyará a las pymes, a las empresas emergentes, la creación de nuevas empresas, a las personas afectadas por los planes de reconversión, y a proyectos de investigación, energía ecológica y baterías, descarbonización del transporte local, la digitalización y el impulso de la economía circular, en particular mediante la prevención de residuos.
La Comisión Europea ha puesto en marcha del Observatorio Fiscal de la UE, que es un nuevo laboratorio de investigación que contribuirá a la lucha de la UE contra las prácticas fiscales abusivas. Financiado por la Unión Europea, el Observatorio Fiscal es plenamente independiente a la hora de llevar a cabo su investigación, informar objetivamente a los responsables políticos y sugerir iniciativas que puedan contribuir a combatir mejor la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal abusiva El nuevo organismo estará dirigido por el profesor universitario Gabriel Zucman, con sede en la Escuela de Economía de París y es una de las acciones que forman parte del paquete fiscal adoptado por la UE en 2020.
El Consejo de la Unión Europea adoptó el pasado 27 de mayo unas Conclusiones en las que expone su visión de un sector turístico en Europa que sea sostenible y resiliente desde el punto de vista económico, medioambiental y social y suponen una clara señal del compromiso de las instituciones europeas por revitalizar el turismo europeo
El turismo es sumamente importante para un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible de nuestras regiones. Además, contribuye en gran medida a preservar y promover los valores y el patrimonio cultural europeos. Pero es también el sector económico más afectado por la pandemia de COVID-19.
Con los preparativos de la temporada turística de verano en pleno apogeo, el Consejo de la UE insta a la UE y a sus Estados miembros a que avancen hacia una respuesta colectiva y bien coordinada ante la crisis pandémica actual con un planteamiento común coherente, por ejemplo promoviendo la elaboración de normas de carácter voluntario para protocolos sanitarios y de seguridad por parte de los servicios y establecimientos turísticos.
En este contexto, las Conclusiones del Consejo proponen el uso óptimo de las oportunidades de financiación existentes en el marco financiero plurianual de la UE y en el instrumento Next Generation EU para revitalizar el ecosistema turístico europeo en dificultades y hacerlo más resiliente tras la pandemia de COVID-19.
Asimismo, se ha invitado a los Estados miembros y a la Comisión a que presenten antes de finales de 2021 una Agenda Europea para el Turismo 2030/2050 elaborada conjuntamente, con el fin de impulsar las transiciones ecológica y digital del ecosistema turístico europeo y reforzar su competitividad.
Aquí os dejamos el enlace en el que podéis ver como Silvia Marsó le comunica a nuestra compañera Laura López que han ganado el premio Buero de teatro joven, por el monólogo "Hipócrita" interpretado por nuestra alumna Elvira Cardona.
A pesar de las dificultades por la pandemia, nuestros alumnos de 4º ESO un año más han realizado su intercambio con el colegio alemán de Siebol, las circunstancias han obligado este año a ser on-line, y ha resultado todo un éxito.
El Comité Económico y Social Europeo, ha publicado recientemente un documento en el que sugiere que se revise y evalúe la Directiva actualmente vigente sobre el uso sostenible de los plaguicidas. La directiva en vigor que regula este uso en la UE data de 2009 (2009/128/CE), es decir, hace ya unos años, y el informe del CESE, cree que todavía existe un margen amplio para ser mejorada.
El informe que sugiere esta revisión, y que tiene como ponente al actual secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, una organización profesional que reúne a más de 80.000 profesionales en España, cree necesaria una reevaluación de los requisitos, objetivos, condiciones y plazos establecidos en los marcos de actuación nacionales, con el objetivo de reducir los riesgos y efectos derivados del uso de plaguicidas, tanto para la salud humana y animal como para la salud y conservación de los ecosistemas.
El informe se ha elaborado a partir de percepciones y opiniones de organizaciones de la sociedad civil de varios países europeos (Bulgaria, Croacia, España, Irlanda y Suecia), así como de las respuestas obtenidas a partir del cuestionario en línea elaborado al efecto.
De manera resumida, el informe plantea:
– La vigente directiva, aunque se aplicó desde puntos de partida diferente en cada país, ha resultado de manera general en un uso más racional y sostenible de los productos, así como en una concienciación del problema por las partes interesadas: industria, agricultores y consumidores
– Sin embargo, la falta de conocimientos sobre el uso adecuado (incumplimiento de la exigencia de formación obligatoria para los usuarios), así como la falta de alternativas rentables no desincentiva el uso indiscriminado de los plaguicidas
– En todo caso las alternativas disponibles son caras y tampoco existe una sustitución paulatina en el mercado de los elementos perniciosos por otros alternativos
– El factor económico (la productividad como meta prioritaria) es la causa fundamental para continuar con prácticas poco convenientes, a lo que se suma también una tradición social, hábitos y cuestiones sociodemográficas
– La legislación vigente no ha creado un sistema de vigilancia del cumplimiento sobre el control de plagas ajustado a la directiva
Por todo ello, el CESE plantea una serie de revisiones de la directiva, que tengan en cuenta, por un lado, el Pacto Verde Europeo, y la estrategia “de la Granja a la Mesa”, las estrategias de Biodiversidad 2030, así como la nueva Política Agraria Común (PAC):
Y, por tanto, la futura eficacia legislativa, debería considerar:
– La formación en materia de productos fitosanitarios y el asesoramiento por parte de las administraciones
– La mejora de la rentabilidad agrícola teniendo en cuenta la disponibilidad de soluciones alternativas
– Mejorar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de la legislación europea, así como de los Planes de Acción nacionales, aún a través de sanciones
– Promover una política comercial y de competencia leal dentro de la UE, y que vigile en especial los potenciales efectos negativos de las importaciones procedentes de terceros países. Lo que supone un refuerzo de los controles y el seguimiento de las importaciones de terceros países y por una mayor armonización europea en materia aduanera
– Mejorar el grado de información de la ciudadanía en general y, especialmente, de las y los consumidores sobre la función de los plaguicidas (y biocidas, para uso doméstico) y los peligros que acarrea su uso.
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el pasado 18 de agosto de 2020 el periodo 2021-2030 como Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial ya que en 2020 no se alcanzó la meta 3.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de reducción a la mitad del número de víctimas mortales y heridos graves en accidentes de tráfico. Se trata de una oportunidad a nivel mundial para que la seguridad vial sea considerada un aspecto a tener en cuenta en las políticas públicas de todos los países. En la Unión Europea, 4 000 personas menos perdieron la vida en las carreteras de la UE en 2020 y la tasa de mortalidad ha caído a mínimos históricos; los menores volúmenes de tráfico, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, tuvieron un impacto claro en el número de víctimas mortales de accidentes de tráfico. En la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, la Unión Europea ha reiterado su compromiso de aplicar la estrategia de seguridad vial de la UE y reducir el número de muertes para todos los modos de transporte casi a cero. Por otro lado, España con 29 fallecidos por millón de habitantes es el cuarto país de la Unión Europea con menor tasa de mortalidad por accidente de tráfico, por delante, por primera vez en la historia, de países de referencia en seguridad vial como Holanda, Alemania y Francia. España ha sido uno de los ganadores de la EUROPEAN MOBILITY WEEK 2020 y, en concreto la ciudad de Bilbao se llevó el premio de Seguridad Vial Urbana de la Unión Europea por lograr reducir el límite de velocidad a 30 km/h.
